La ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas

con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pretende dar un paso decisivo en la

adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la convención internacional sobre los derechos

de las personas con discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y

ratificada por el estado español el 21 de abril de 2008 y que entró en vigor el 3 de mayo de este

mismo año.